CORO CORO

Nombre del conflicto

Coro Coro el Derecho a ser Consultados por las afectaciones al territorio.

Nombre del proyecto minero

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y Korea Resources Corporation (KORES) de Corea del Sur.

Descripción del proyecto implicado

Coro Coro es una antigua mina de cobre de explotación en socavones (túneles) que estuvo paralizada desde la década de 1980 hasta el 2009, año en que ha sido reactivada por el gobierno actual como un Proyecto Hidrometalúrgico para la producción de cobre catódico o electrolítico, obtenido mediante procesos de lixiviación por agitación y pilas dinámicas. Este proyecto consta de dos fases: la primera denominada como Planta Hidrometalúrgica de Cobre a cargo de la minera estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

En junio de 2008, el gobierno firmó el contrato de riesgo compartido entre la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y Korea Resources Corporation (KORES) de Corea del Sur, para la explotación del yacimiento cuprífero de Coro Coro. El proyecto comprende dos fases, la primera de prospección del área por parte de KORES y la instalación de una planta Hidrometalúrgica a cargo de COMIBOL. La segunda fase, a cargo de KORES con una inversión de 210 millones de $us, se iniciará a la conclusión de las tareas de prospección, con una operación a cielo abierto para procesar 10mil a 15mil toneladas diarias y la obtención de 30mil a 50mil TMF/año de cobre.

La planta hidrometalúrgica, en la primera fase, tiene una capacidad de tratamiento de 300 Tn/día de colas y desmontes (residuos) de antiguas operaciones, para la recuperación de cobre catódico a un ritmo de 390 TMF/mes, comenzó a operar el 27 de octubre de 2009.

Descripción del conflicto (problemas demandas)

Durante su instalación la COMIBOL ocupó, sin consentimiento, cerca de 15 hectáreas de tierras del ayllu Huacasayaña, para construir su dique de colas; también amplió las obras de aducción de agua en el río Pontezuelo del ayllu Sikuypata, con la consiguiente disminución del caudal, cuyos efectos para la población y el mismo ecosistema del río no fueron evaluados y menos aun concertados con los afectados.

La implementación del proyecto Hidrometalúrgico de Coro Coro significa para las comunidades asentadas en la zona la violación de múltiples derechos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, la usurpación de suelos, el desvió de aguas, las amenazas físicas contra dirigentes y la constante incertidumbre sobre la segunda etapa del proyecto. Existen además muchas denuncias de los comuneros por fugas que ocurren en el proceso. Un accidente en el ducto que traslada los líquidos residuales al dique de colas, que habría ocurrido en mayo de 2010, no ha sido declarado ante la autoridad ambiental competente. Además, la geomembrana del dique de colas ya ha sufrido varios accidentes por infiltración y una rotura por mal manejo. El análisis de los datos presentados permite deducir que la empresa y el pueblo están consumiendo el 79% del caudal total del río Pontezuelo, dejando tan sólo el 21% para la continuidad del cauce. Este porcentaje debe servir para el cumplimiento de su función ecológica y el uso de otras comunidades. Otro dato importante a tomar en cuenta es que este consumo de agua es solo con la mitad de su capacidad productiva. Una vez que llegue al 100% de capacidad, requerirá el doble de volumen.

Inicio del daño

El daño inicia el año 2010 con un accidente del ducto.

Inicio del conflicto

El conflicto inicia el mismo 2010

Ubicación

La región de Coro Coro, se localiza al sudoeste de la ciudad de La Paz, a una distancia aproximada de 60 km., históricamente la región fue parte del territorio ancestral del Jach'a Suyu Pakajaqi.

Comunidades afectadas

Coro Coro y comunidades del suyu Pakajaqi

Acciones realizadas

Desde diciembre del 2008, las autoridades originarias del Jach'a Suyu Pakajaqi solicitaron varias veces información sobre el proyecto minero y la aplicación de la consulta, tanto al ministerio de minería, a la COMIBOL, a la Asamblea Legislativa y al mismo presidente Evo Morales, sin lograr atención.

Cansados de ser ignorados, el 22 de noviembre del 2009, los comunarios del ayllu Sikuypata restituyeron el cauce natural del río Pontezuelo, cortando el abastecimiento de agua a la planta hidrometalúrgica. En reacción, el gobierno a través de su ministro de minería calificó públicamente la acción como "un acto de terrorismo". Sin embargo, la medida obligó al gobierno a firmar un convenio con los representantes del Jach'a Suyu Pakajaqi, acordando la realización del proceso de consulta, además del resarcimiento de posibles daños.

Las mesas de consulta comprometidas no llegaron a instalarse, debido a las acciones de agresión del personal de la planta hidrometalúrgica que impedían su realización. Desde entonces, el gobierno pese a reconocer que tiene obligación de consultar a los ayllus y de responder a las preocupaciones ambientales, evade su responsabilidad escudándose en la oposición de los trabajadores mineros, o en la ausencia de mecanismos jurídico-institucionales.

Debido a la falta de voluntad del gobierno para resolver las demandas de los ayllus del Jacha Suyu Pakajaqi, sus autoridades originarias decidieron presentar el caso en audiencia a la 140 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previendo que lo siguiente es que esta instancia exhorte al gobierno boliviano a cumplir con el derecho de consulta.

Situación actual del conflicto

Se espera la promulgación de la ley marco de Consulta para continuar con acciones de incidencia. Hay la propuesta de ley presentada por el CONAMAQ pero también existe l propuesta del gobierno que es contraria al convenio 169 de la OIT.

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