LOS CUIDADOS NO ENTRAN EN CUARENTENA

Impactos del COVID-19 en mujeres que viven en contextos de extractivismo minero en Bolivia

Angela Cuenca Sempértegui

Carmen Aliaga Monrroy

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA)

Fuente: Defensora RENAMAT Uncia.2020

Los pueblos del mundo estamos actualmente viviendo una contingencia y emergencia sanitaria que ha trastocado todas las cotidianidades posibles, que está además desmontando las grandes mentiras del capital y el extractivismo patriarcal en los territorios. Ante la desigualdad socioeconómica, se desnudan los proyectos de supuesto desarrollo beneficiando sólo al enriquecimiento de los poderosos e intensificando el grado de vulneración de derechos, aterrizando sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres con mayor brutalidad.  
En el caso boliviano, se registraron los primeros casos de contagios a partir del 12 de marzo, de ahí en adelante el gobierno transitorio de Jeanine Añez impuso medidas de cuarentena estricta en todo el país. Estas medidas incluyeron restricción total de movilidad y transporte, uso obligatorio de insumos de bioseguridad, medidas obligatorias de higiene y permiso para salir a abastecimiento de alimentos a una sola persona por familia en un horario determinado y con control policial que verificaba las cifras finales de las cédulas de identidad. Estas medidas tan sólo para personas mayores de 18 años y menores de 65. Los primeros dos meses de esta cuarentena total, generaron una alta vulnerabilidad en las familias de escasos recursos, a pesar de ello la población acató las medidas en el resguardo de la vida. Sin embargo, en los dos últimos meses la precariedad está afectando duramente la sobrevivencia de miles de familias, siendo que el Estado no está siendo capaz de dar una respuesta efectiva a las necesidades. Paralelamente, se han flexibilizado algunas restricciones, flexibilización que principalmente está beneficiando a la mega industria, capital privado y, por supuesto operaciones mineras que volvieron a funcionar, a pesar de los riesgos para la salud.
En los territorios afectados por la minería donde ya desde hace décadas se vienen denunciando los impactos sociales del despojo ambiental, también hemos venido denunciando los impactos diferenciados en las vidas y los cuerpos de las mujeres. Ya sean éstos, territorios donde está presente la empresa minera, territorios que se conectan con centros mineros a través de las cuencas y/o territorios en resistencia a la minería. A este daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y que a la vez pone en riesgo la vida de las mujeres, su integridad, su salud, su economía y el ejercicio pleno de sus derechos, la consideramos una forma de violencia estructural y patriarcal, a la que denominamos en alianza con la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, violencia medioambiental contra las mujeres[1].
Esta forma de violencia se ha visto exacerbada por la multiplicación de tareas en una lucha diaria de las mujeres del altiplano boliviano por conseguir agua limpia, implica la sobrecarga de trabajo en el cuidado del hogar, hay problemas en la salud física y emocional de las mujeres, afecta la economía local-comunitaria ya que no pueden producir porque la contaminación minera ha dañado los terrenos irreversiblemente. Por otra parte, se va confirmando que la población más vulnerable ante el virus, es precisamente la que vive en situaciones de contaminación ambiental grave, de por sí la minería estaba vulnerando el derecho a la salud y a la soberanía alimentaria, situación agravada por la amenaza de contagio que, en condiciones de escaso servicio de salud, expone a la población a una situación terrible y de emergencia humanitaria.
Con las condiciones sociales generadas por la pandemia del COVID-19, estos impactos se incrementan y se pone en evidencia más que nunca que la minería no es una actividad indispensable para la vida y en su lugar sí la producción de alimentos y la gestión comunitaria del agua.


       1. Restricción de derechos y condiciones para las mujeres Las comunidades afectadas por la minería y las mujeres responsables del sostenimiento de la vida, vienen sufriendo desde hace décadas, una serie de vulneración de sus derechos. La cuarentena como efecto de la pandemia ha intensificado esta vulneración en aspectos como el derecho al agua, al trabajo, la economía y a la salud.  

Derecho al agua. Es la pregunta que se han estado haciendo las mujeres afectadas por la minería en Bolivia, y más aún con una cuarentena que les impide salir de sus hogares para buscar agua limpia. Hace algunos años publicamos que, en algunos casos, una operación minera empleaba en un día la cantidad de agua dulce que una comunidad en un año. Actualmente hay comunidades que no tienen acceso a agua como Totoral o que sus fuentes de agua han sido totalmente contaminadas como en El Choro. En el marco de la contingencia sanitaria, se exige que el lavado de manos y medidas de desinfección sean constantes, sin embargo, las condiciones de las regiones impactadas por la minería ni siquiera cuentan con agua para alimentación, menos para la higiene necesaria en estos momentos. Estas preocupaciones por la salud de la familia, por la alimentación de los hijos, por el riesgo de contagio, va generando daños emocionales en las mujeres y se sigue incrementado de sobremanera en esta cuarentena. Una vez más resaltamos la importancia de pensar en el acceso al agua como condición imprescindible para la reproducción de la vida, los impactos del COVID-19 deben llamarnos a la reflexión y convocar a actores estatales para atender los casos de desastre ambiental donde se han afectado fuentes de agua dulce de forma irreversible.
Derecho al trabajo campesino. La pandemia del COVID-19 se ha encargado de visibilizar las asimetrías económicas tanto en territorios urbanos como rurales, el famoso #QuedateEnCasa no aplica para las diferentes realidades de las comunidades campesinas e indígenas. Las compañeras en comunidades que tienen vocación productiva agroganadera y que han estado resistiendo a la minería, se han visto afectadas sin poder salir a vender sus productos agrícolas o teniendo que afrontar una serie de trámites burocráticos, exponiendo su salud para seguir alimentándose a las ciudades, pese a ello se proyectan incentivos para actores mineros y no en apoyos a los pequeños productores. La única forma de garantizar la soberanía alimentaria es el trabajo campesino, sin este trabajo las familias quedan en una absoluta vulnerabilidad y crisis alimentaria. Es necesario contemplar que el alimento necesario para la población tano urbana como rural, nace de estos territorios, que el trabajo en la tierra es imprescindible para afrontar la pandemia y que esta gestión de los alimentos debe ser dejada en manos comunitarias que están apostando a la solidaridad, el intercambio de productos y el cuidado mutuo.

Derecho a la economía local-comunitaria. Todas las medidas de rescate económico y apoyo para mitigar los impactos económicos de la pandemia por parte del Estado, se han volcado para beneficiar la macroeconomía y potenciar a los sectores económicos empresariales, uno de ellos es el sector minero, con el pretexto de que estas inyecciones de capital ayudarán a salir de la crisis. A principios de mayo se reactivó el permiso para que las actividades mineras vuelvan a funcionar con supuestos protocolos de bioseguridad, sin embargo, los contagios en los centros mineros se han disparado alarmantemente. Por otra parte, la economía de la vida, esta que se encarga de la alimentación, la necesaria para el cuidado de la salud y de la vida, ha quedado totalmente olvidada. Peor aún las mujeres de comunidades que no tienen producción a causa de la contaminación minera y que viven del día a día, en esta cuarentena sin ingresos económicos para comprar los alimentos, están atravesando dificultades para la alimentación diaria. No hay ninguna medida ni política estatal que esté beneficiando la economía que abastece de alimentos, las canastas no incluyen frutos, verduras o granos que provengan de la comunidad, por el contrario, están comprando alimentos procesados a los grandes empresarios, esto se comprueba con la amenaza de producir y comerciar semillas transgénicas en el país. Una vez más se demuestra que la minería despoja de trabajo a las mujeres y sus comunidades, daña la economía de la vida, llevando mayor pobreza para las familias.

Derecho a la salud y la vida. Una vez reactivada la actividad minera, por considerarse una actividad prioritaria económicamente, se demuestra que es un atentado contra el derecho a la salud y la vida, ya que se pone en riesgo a toda la población, además de poner en riesgo a los trabajadores y a sus familias. Las comunidades rurales en general tienen serios problemas de acceso a servicios de salud básica, en los casos de comunidades impactadas por la minería la situación es todavía más grave, regiones declaradas como zonas de desastre ambiental como la cuenca Huanuni, no cuentan con laboratorios ni servicios de salud para enfrentar las enfermedades generadas por la contaminación minera. No existen las mínimas condiciones para enfrentar el coronavirus en las zonas rurales del país, y menos aún para enfrentar una contingencia en territorios impactados por la minería, donde los centros mineros puedan ser epicentro de contagios. “… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el número de hospitales de tercer nivel por número de habitantes debería ser de uno por cada 75.000 habitantes. Ello implica que el país debería tener 149 hospitales de este tipo, frentes a los 79 que cuenta en estos momentos, incluyendo los privados, de la Iglesia Católica. Públicos son solo 34.”[2] Se tiene ya casos confirmados en los trabajadores en Huanuni, al mismo tiempo por parte de la empresa minera San Cristóbal[3], las y los comunarios de la Nacion Originaria Pacajes en el departamento de Potosí, denuncian que el reinicio de actividades de la Empresa Minera Sinchi Wayra que además no socializó los debidos protocolos de seguridad, expone a la comunidad a serios riesgos de contagio[4]. La crisis sanitaria con el confinamiento establecido por los gobiernos, están finalmente recargando las tareas de los cuidados en las mujeres. No solo la atención de mantenimiento del hogar, sino un sin fin de preocupaciones por la salud y el acceso a derechos. Son las mujeres quienes sostener la vida, y pese a la cuarentena los cuidados ya sean remunerados o no remunerados se resienten e incrementan las preocupaciones. Por ello la reparación de daños ambientales no pueden ser postergados a titulo de la pandemia y es urgente que la perspectiva de género sea incluida tanto en las restricciones por la contingencia, como en los apoyos que se están dando. La salud de miles de familias está siendo recargadas en las espaldas de las mujeres que deben sostener la vida en condiciones de crisis, miedos y contaminación ambiental. El confinamiento y las medidas restrictivas incrementan el grado de vulnerabilidad para las mujeres, las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia machista son una amenaza en esta pandemia y el estado no está respondiendo oportunamente. En muchos de casos de violencia intrafamiliar, las mujeres están presionadas a convivir con los agresores, en los casos donde las comunidades acostumbran intervenir, ahora se dificulta la posibilidad de gestionar salidas desde el sentido colectivo.

      2.     Militarización de los territorios y nuevos riesgos para las mujeres Una de las medidas tomadas por el gobierno boliviano que vulnera una serie de derechos, principalmente en los territorios más vulnerables, es el control mediante la fuerza policial y militar. A título de control durante la pandemia se han sacado a los militares a las calles no sólo de las ciudades, sino de todas las comunidades rurales, con un mayor control territorial con el pretexto de hacer respetar las medidas restrictivas. Esta situación está generando violencia psicológica por medio de la imposición del miedo, ya que la amenaza son multas de dinero muy altas o hasta la cárcel, este temor está presente en la cotidianidad de las mujeres que para llevar alimento a sus familias deben sortear al control. Del mismo modo, hay un excesivo control y represión frente a la venta de sus productos agrícolas, las mujeres cuentan que deben escaparse en horas de la madrugada para cuidar los campos de cultivo y dar alimentos a sus animales, esquivando el control militar. Las mujeres en las comunidades, defensoras de la Madre Tierra, nos recuerdan que la única forma de afrontar la pandemia ante la desatención del Estado, es a través de los cuidados colectivos, tejiendo solidaridad, demandando el respeto de los derechos, con la escucha, el dialogo, la reciprocidad y luchando contra este modelo económico que mercantiliza la vida. La fuerza policial y militar en pocos casos ha colaborado en las situaciones de crisis y necesidades, solamente llevan miedo, inseguridad y nuevos riesgos para las mujeres.

            3.     Covid-19 y pueblos indígenas Desde antes de la propagación de la pandemia COVID -19, los pueblos indígenas de Bolivia venían denunciando el aislamiento, no ser tomados en cuenta, y con la propagación de la pandemia la situación ha empeorado. De acuerdo a datos recabados, hay un solo médico para más de mil familias en las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano Boliviano. Los hospitales y centros de salud no cuentan con insumos ni equipos de bioseguridad para atender los casos de salud[5]. Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social[6]. Los protocolos de seguridad que ha sacado el gobierno son urbanos, en la comunidad no hay agua, los protocolos debieran ser diferenciados en las comunidades los gobiernos deben escuchar a los pueblos indígenas. En el caso del norte de La Paz, donde están ubicados Territorios Indígenas de Origen, principalmente del pueblo leco, ya se han recibido noticias de que la minería legal, como ilegal que explota oro, están cometiendo abusos y vertiendo amenazas contra indígenas en el marco de la pandemia[7], en un sector en el que además ya se denunció con anterioridad el uso indiscriminado de mercurio que está matando las fuentes de agua. En otros casos de pueblos indígenas se confirman ya casos positivos de COVID-19 entre: ayoreos, sirionó, yuquis y Yacubaba, donde ya se registran casos de contagio. Los pueblos indígenas de Bolivia, están resintiendo con mayor intensidad la vulneración de los derechos ambientales en estos momentos de emergencia sanitaria, ya numerosos informes dan cuenta de la necesidad de atender a estas poblaciones y, por el contrario, el gobierno esta dando luz verde a la reactivación de proyectos mineros en territorios indígenas bajo pretexto de necesidad económica.

            4.     Reflexiones finales Lastimosamente hasta ahora en Bolivia se supera los 40 mil casos de contagio, en los últimos días se han disparado notablemente los casos. En el centro minero Huanuni dependiente del Estado ya se habla de más de 20 mineros contagiados con COVID-19, y en la empresa transnacional minera San Cristóbal subsidiaria de la Sumitomo de Japón se registran dos trabajadores mineros contagiados. La situación se ha visto reflejada como una crisis humanitaria en el departamento de Beni, precisamente por las condiciones de servicios de salud deficientes. La ciudad de Cochabamba empieza a lamentar una serie de decesos que son cada vez más constantes. La cuarentena se ha flexibilizado en el último mes y, ahora el gobierno está considerando volver a ajustar las restricciones. Lo que nos tememos como organizaciones desde los territorios y desde las mujeres que están sosteniendo la vida en las comunidades impactadas por la minería, es que estas medidas estarán destinadas a un mayor control de la población y mayores restricciones de libertades y derechos.
La minería ya ha sido reactivada, los tramites mineros se los puede realizar vía internet con riesgo a que se impongan en los territorios sin que sepan las comunidades y la gran empresa seguirá trabajando, al parecer estas semanas de flexibilidad tan sólo se han hecho efectivas para impulsar la economía mercantilista y la depredación de los territorios con el pretexto de salida de la crisis. Las mujeres defensoras del territorio, las organizaciones indígenas y sociales, alertamos la importancia de velar por la economía verdaderamente indispensable: la producción de alimentos y el cuidado de la vida, hacemos un llamado a las autoridades exigiendo mayor atención a los sectores vulnerables, reafirmando más que nunca: mina NO, vida SÏ.

Julio de 2020

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *