Dra. Mishkila Rojas
Abogada especialista
Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas
CIDH
Señores Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas:
Nosotros, pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, y poblaciones urbanas que vivimos en zonas donde se realizan actividades mineras, nos encontramos en estado de emergencia por la situación crítica de afectación negativa a nuestra salud humana y ambiental.
Durante décadas hemos sido receptores de la contaminación minera, que degrada, contamina y destruye el agua, suelo, aire y nuestros medios de vida como la ganadería y la agricultura.
En los últimos años se ha generado evidencias de afectación a algo aún más importante para el Buen Vivir, nuestra salud. Una extensa cantidad de estudios ha observado la presencia de sustancias tóxicas como los metales pesados: mercurio, plomo, arsénico y cadmio en el cuerpo humano de la población local, quienes incluso no tenemos vínculo alguno con la actividad minera. Además, productores agrícolas, madres de familia y niños hemos reportado niveles peligrosos de elementos tóxicos en el cuerpo, situación que nos preocupa y aflige.
Frente a toda esta evidencia, denunciamos que:
- El Estado boliviano no está asumiendo su rol de garante de derechos, por lo cual no esta optando medidas para garantizar nuestro derecho a un medioambiente sano.
- El Estado boliviano, teniendo el conocimiento de que existe evidencia de presencia de metales pesados en el cuerpo humano de niños, niñas, mujeres, hombres; no está asumiendo medidas en políticas de salud, vulnerando nuestro derecho a la salud.
- Hay una ausencia a nivel nacional de normativas y políticas públicas sobre planes especializados multisectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados y otras sustancias toxicas
Por todo ello, proponemos:
Articularnos como pueblos afectados, a fin de generar un movimiento único con la finalidad de exigir la restitución de nuestros derechos constitucionales.
La necesidad de activar mecanismos de denuncia a nivel internacional, como la CIDH, ante la ausencia de un Estado garante de derechos.
En este sentido, hacemos un llamado urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome conocimiento de la grave vulneración de derechos a pueblos indígenas ocasionadas por los impactos mineros, instamos tomar medidas inmediatas y exija al Estado boliviano que cumpla con su deber de protegernos y garantizar nuestros derechos fundamentales. Nos referimos específicamente a nuestro derecho a vivir en un medioambiente sano y nuestro derecho a la salud. El Estado tiene la responsabilidad de ser el principal garante de nuestros derechos y debe asumir su rol de protección.
Firman al pie los participantes del “Encuentro por el Derecho al Agua y Salud frente a Impactos Mineros”, realizado en la ciudad de Oruro, Bolivia a los 26 días del mes de marzo de 2024.
